Financiación y cooperación internacional en el patrimonio cultural inmueble de los centros históricos coloniales latinoamericanos

Miriam Menchero. Universidad Internacional de La Rioja, Madrid, España.

resumen | La cooperación internacional ha desempeñado un papel tan importante en el patrimonio cultural de los centros históricos latinoamericanos, que algunos autores la consideran un “sujeto patrimonial”. Sea como fuere, destaca la labor de entidades y organismos internacionales en materia de cooperación tanto técnica como financiera. Este artículo, basado en el análisis de bases de datos y documentación institucionales, indaga en el origen y desarrollo de una asistencia internacional que interrelaciona conceptos como patrimonio, centros históricos y urbanismo. De otra parte, en él se realiza una aproximación a los proyectos más representativos del área en referencia, con la finalidad de establecer conclusiones que permitan vislumbrar la evolución de tales iniciativas en la región.

 

palabras clave | desarrollo regional y local, centros urbanos, patrimonio.

 

abstract | International cooperation in the cultural heritage of Latin American historical centers is considered a “heritage actor”. Thus, the work of international entities and organizations for technical and financial cooperation stands out. This article, analyses databases and institutional documentation of international cooperation in the fields of heritage, historical centers, and urban planning. The most representative international cooperation projects are also analyzed, in order to better understand their evolution in the region.

 

keywords | regional and local development, urban centers, heritage.

Recibido el 11 de enero de 2021, aprobado el 15 de marzo de 2021.

E-mail: miriam.menchero@unir.net

Introducción

El proceso de urbanización colonial español y portugués en América tuvo una intensidad considerable entre los siglos XV y XVIII (Lohmann, 1987). En la actualidad, muchas de las ciudades fundadas en aquel periodo gozan de protección nacional a través de inventarios culturales o de reconocimientos internacionales, al haber sido inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Puede considerarse, en consecuencia, que las ciudades coloniales siguen manteniendo hoy en día un alto interés por sus características arquitectónicas y/o urbanas (Hardoy, 1983).

No obstante, estos centros históricos también conforman los espacios de mayor transformación de las urbes latinoamericanas (Gutman, 2001). Hasta finales del siglo XIX, su crecimiento se realizaba dentro de los límites históricos, por lo que mantenían un marcado paisaje colonial caracterizado por edificaciones bajas y un trazado regular, al que se sumaban algunos edificios o espacios de influencia europea. Sin embargo, las dinámicas regionales en curso durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad, supusieron una creciente presión que afectó de manera desigual a los centros urbanos (Hardoy & Gutman, 1992). En muchos casos, a la pérdida de parte del entramado urbano y/o patrimonial se sumó la alteración de las funciones tradicionales (Sahady & Gallardo, 2004).

Según Carrión (2000) y Muntal (2001), los efectos derivados de estos procesos contemporáneos pueden agruparse en dinámicas comunes. Destaca al respecto, en primer lugar, lo ocurrido en el ámbito urbano, específicamente la pérdida de la centralidad, las modificaciones de la trama y acciones ambivalentes que oscilan entre la tugurización y la especulación inmobiliaria. En segundo lugar se encuentran los aspectos sociales, como la presión de la población residente y flotante, la obsolescencia de los servicios públicos y los transportes, el aumento del tráfico y la contaminación. Finalmente, en el ámbito económico, se produce un desplazamiento del comercio tradicional y una alta informalidad.

El desarrollo de los procesos señalados, ya sea de manera aislada o grupal, incide en que los centros históricos latinoamericanos hayan sido percibidos como espacios decadentes (Bandarin & Van Oers, 2012). Como respuesta, durante buena parte del siglo XX, se alternarán propuestas de higienización selectiva frente a acciones tendentes a la congelación museográfica (Almandoz, 2018; Choay, 2007). A ello se suma que, en numerosas ocasiones, estas modificaciones, más que atender a criterios técnicos, tuvieron una relación directa con los recursos disponibles con los que contaba cada ciudad (Caraballo, 2000; Gutiérrez, 1990).

Más allá de tales iniciativas, el siglo XX también ha supuesto el periodo de mayor institucionalización y normatividad del patrimonio cultural, rasgos que a su vez afectaron la conceptualización del centro histórico. Fue así que, en sus primeros años, los enfoques teóricos elitistas y monumentalistas tuvieron influencia directa en las primeras normativas internacionales: la Carta de Atenas (1931) y la Carta de Venecia (1964). Tales perspectivas, sin embargo, comenzaron a superarse a partir de los años setenta, cuando fue elaborada la regulación más importante respecto de los espacios urbanos históricos, a través de la Convención del Patrimonio Mundial (1972) y la Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos y su Función en la Vida Contemporánea (Recomendación de Nairobi, 1976). Ambas normativas aluden a la protección internacional de los centros históricos de Valor Universal Excepcional, los que son denominados “conjuntos históricos”, lo que permitió que hasta 39 ciudades históricas latinoamericanas hayan sido incluidas como patrimonio de la humanidad (Campesino, 2001).

A la par de este proceso, y frente a una concepción mayoritariamente europeísta de lo patrimonial, la región latinoamericana ha ido creando normativas alternativas, intentando adaptar los enfoques internacionales a sus propios contextos. De entre ellas destacan las Normas de Quito (1967), que establecen una propia conceptualización del centro histórico, incluyendo los aspectos socioeconómicos e inmateriales. También fue pionera en describir la situación y deterioro del patrimonio cultural urbano de la región y denunciar la ausencia de instituciones y recursos para su protección (Gutman, 2001). Sin embargo, no fue sino hasta la siguiente década cuando se desarrollaron otros documentos operativos, como la Resolución de Santo Domingo (1974) y el Nuevo Coloquio de Quito (1977), por iniciativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ambos instrumentos inciden en el componente social de los centros históricos y en priorizar aspectos habitacionales y de infraestructura frente a la restauración monumental.

Sea como fuere, el contexto regional y la ingente normativa internacional, nacional y local han favorecido un escenario de cierta anarquía e improvisación (Campesino, 2001). Las ciudades históricas latinoamericanas han enfrentado y siguen enfrentando diversos conflictos que han obligado a establecer prioridades por encima de la propia conservación de su patrimonio cultural urbano. La escasez de recursos ha favorecido llamamientos externos, con la consecuencia de que diversos organismos e instituciones de cooperación y financiación internacional se han convertido en recurrentes mecanismos técnicos y económicos de apoyo (Carrión, 2007; García-Espinosa, 2008).

Es por todo lo anterior que el objetivo general de este trabajo no es otro que el de –con sustento en diferentes bases de datos y documentación institucionales– indagar en el origen y la evolución de la cooperación internacional en el patrimonio urbano latinoamericano, desde una perspectiva tanto técnica como financiera.

Aspectos metodológicos

La importancia de la cooperación internacional en el patrimonio cultural latinoamericano ha llevado a que muchos expertos hayan equiparado estos programas y proyectos a sujetos patrimoniales (Carrión, 2000, p. 136; Coulomb & Vega Rangel, 2019, p. 409). Aunque algunos de estos autores han realizado aproximaciones al sistema de financiación internacional, se ha podido verificar una escasez de investigaciones que incluyan análisis concretos de los diferentes programas y organismos, exploraciones que, a su vez, permitan reafirmar las premisas planteadas. En este sentido, la bibliografía más vinculada a tales enfoques resulta mayoritariamente institucional y procede de las propias entidades cooperantes, a manera de informes que analizan periodos muy específicos de ejecución o que atienden exclusivamente a la evaluación de sus proyectos.

Dada la gran transversalidad tanto del patrimonio cultural como de la cooperación internacional, que son las categorías de referencia para este trabajo, se ha optado como primer criterio para la depuración de la información, excluir aquellos organismos o proyectos con una vinculación minoritaria y/o sin vinculación explícita al patrimonio cultural urbano o centros históricos. También se han discriminado intervenciones procedentes de ámbitos de asistencia como las organizaciones no gubernamentales y el tercer sector, dada su gran dispersión y las dificultades de sistematización que presentan.

Frente a lo anterior, se ha revisado la producción documental de los organismos internacionales en la disciplina. Ello incluye informes, reportes, publicaciones con o sin periodicidad, investigaciones y documentación similar procedentes de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), el Comité Internacional de Ciudades y Poblaciones Históricas (CIVVIH) o la Organización Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Centros Históricos (OLACCHI). También programas promovidos de forma conjunta por la Unión Europea o de manera bilateral por parte de países europeos, como España a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). Como entidades colaboradoras, pero de importancia por su aportación, se han incluido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) y redes, asociaciones y fundaciones de alcance mundial relacionadas con la conservación de bienes culturales, como, entre otras, la Fundación Getty o el Fondo Mundial de Monumentos (WMF). En todos los casos, además de la bibliografía citada, se han consultado de manera pormenorizada las bases de datos disponibles de cada una de estas entidades, analizando los proyectos elaborados por cada una de ellas con relación al objeto de estudio. Así, tras la depuración y selección de la información, se ha procedido a una clasificación atendiendo a la aproximación realizada por Carrión (2010, p. 151), cuyos resultados son presentados a continuación.

Análisis: la importancia de la cooperación internacional sobre los centros históricos latinoamericanos

La cooperación internacional se originó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, vinculada en un primer momento al ámbito económico y tecnológico (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2017; Sotillo, 2011). De manera progresiva, los Estados y los organismos internacionales comenzaron a ampliar el escenario de su actuación, para incluir la cultura (Nin i Camps, 2007). De este modo, en el año 1966, la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional definió por primera vez la cooperación cultural como aquella que “incluye todas las actividades intelectuales en los campos de la educación, la ciencia y la cultura” (UNESCO, 1966, s.p.), una conceptualización tan amplia como transversal que permite abarcar acciones tan diferentes como un programa de alfabetización o uno de restauración monumental.

Esta declaración oficial contrasta con iniciativas ya realizadas con anterioridad en el ámbito del patrimonio cultural. Según Muntal (2003), varios desastres naturales, especialmente en el área andina, fueron determinantes para la introducción de instituciones internacionales en la región. Así, la UNESCO (1969), siguiendo el concepto de “solidaridad internacional”, desplegó una serie de proyectos emblemáticos que mostraban un énfasis en la restauración de monumentos y edificios religiosos coloniales, como los realizados en Cusco (1950), La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba (1966), Guatemala (1966), Cartagena de Indias (1968) y República Dominicana (1968). Estas iniciativas sirvieron para acelerar la creación de un sistema de asistencia técnica y financiera, institucionalizado a través de la Convención sobre Patrimonio Mundial (art. 4), la Declaración de Nairobi (arts. 54 y 55) y las Normas de Quito (Cap. 5, art. 5). Todas coinciden en que un sistema de cooperación en el patrimonio cultural es el único modo de proporcionar recursos a los lugares más vulnerables.

Estos antecedentes clarifican la inclusión de la cooperación internacional y, concretamente, de la UNESCO, en las ciudades históricas latinoamericanas a partir de la segunda mitad del siglo XX. La evolución del concepto patrimonial y su vinculación con el desarrollo ha favorecido que, desde los años setenta, irrumpan con fuerza programas como el PNUD y algunos bancos de desarrollo, como el BID. Asimismo, y aunque diversos países ya mantenían convenios bilaterales, estos recobraron protagonismo en los años ochenta, tal y como sucede con el desarrollado por la cooperación española (Menchero, 2019). Sin embargo, fue en la década posterior que coincidieron iniciativas procedentes de programas latinoamericanos y europeos, así como la financiación privada internacional (Muntal, 2001; Suárez-Inclán, 1998, 2001).

Ya en el nuevo milenio, las iniciativas en los centros históricos han tendido a diversificarse, de manera que, actualmente, es posible encontrar proyectos procedentes de una gran diversidad de organismos en los que el patrimonio cultural se entremezcla con políticas sociales, económicas y sanitarias, entre otras. Sea como fuere, las modalidades de intervención se han mantenido a grandes rasgos, permitiendo establecer dos tipologías: una de tipo horizontal, con una cooperación mayoritariamente técnica; y otra de tipo vertical, técnica pero también financiera. A ellas se puede sumar un tercer grupo, conformado por iniciativas privadas que, en los últimos años, son tendentes al patrocinio, mecenazgo y crowdfunding. De acuerdo con Muñoz (2015), estas últimas evidencian los problemas a los que se enfrenta el actual sistema de financiación del patrimonio cultural de los centros históricos a nivel mundial (Tabla 1).

tabla 1 | Financiación y cooperación internacional en los centros históricos latinoamericanos

Tipología	Subtipo	Nombre	Escala	Modalidad	Líneas de actuación / Proyectos
Cooperación horizontal	Redes	OCPM	Mundial	Técnica	Conservación y valorización del patrimonio
					Ordenación y gestión urbana
					Gobernanza y relación con los públicos
		CIVVIH	Mundial	Técnica	Encuentros, seminarios y publicaciones
					Proyectos concretos sobre patrimonio
		OLACCHI	Regional	Técnica	Eventos, cursos, seminarios de capacitación
	Otros	FEMP	Regional	Técnica	Hermanamientos ciudades iberoamericanas
Cooperación vertical	Multilateral	UNESCO	Mundial	Técnica	Asistencia, emergencia y gestión
					Asistencia, capacitación, investigación
				Financiera	Rehabilitación monumental
		PNUD	Regional	Técnica / Financiera	Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano-Ambiental para América Latina y el Caribe
				Técnica / Financiera	Programas concretos de intervención en centros históricos
		URBAL	Regional	Técnica / Financiera	Red 2 de Conservación de los contextos históricos urbanos
					Urbanismo, habitabilidad, movilidad, medio ambiente y turismo
		BID	Regional	Técnica / Financiera	Revitalización de áreas históricas y protección del patrimonio
					Proyectos concretos: Plan COPESCO, Monumenta…
	Bilateral	SIRCHAL (Francia)	Regional	Técnica / Financiera	Seminarios y encuentros
					Talleres y experiencias
		IILA (Italia)	Regional	Técnica / Financiera	Exposiciones, capacitación, pasantías
					Restauración de bienes inmuebles y muebles
		AECID (España)	Regional	Técnica / Financiera	Planes de revitalización y ordenación urbana
					Restauración monumental
					Escuelas Taller
Financiación privada	Fundaciones y asociaciones	WMF	Mundial	Técnica / Financiera	Preservación, promoción y divulgación
					Word Monuments Watch
		Getty	Mundial	Técnica / Financiera	Investigación, conservación, publicaciones
					Intercambio de experiencias y rehabilitación monumental

Fuente: Elaboración propia a partir de Menchero (2019)

Cooperación horizontal

La cooperación horizontal puede entenderse como aquellas acciones que se establecen de manera directa entre centros y ciudades históricas (Carrión, 2007; García-Espinosa, 2008). Estas actuaciones tienden a la creación y fortalecimiento de redes entre espacios urbanos similares en todas las escalas territoriales, así como al intercambio de experiencias en temas específicos. Es por ello que esta modalidad es mayoritariamente técnica.

A nivel internacional destaca la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), creada el año 1993. De sus 280 ciudades miembro e inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, 28 son latinoamericanas. El intercambio de información y peritaje en el ámbito de la conservación patrimonial es su objetivo principal, además de la búsqueda de un sentido de solidaridad entre las ciudades miembro (‘Introducción y misión’, OCPM, s.f.). Esta labor ha sido desarrollada a través de encuentros y talleres internacionales, así como de asambleas nacionales, como las realizadas en Puebla (2001), Cusco (2005), Quito (2009) y Arequipa (2015). Además de una función divulgativa e informativa, se ha podido verificar también su intervención en varios proyectos latinoamericanos, nueve de ellos vinculados con la rehabilitación de edificios patrimoniales, entre los cuales destacan el Real Palacio de los Capitanes Generales (Antigua, Guatemala) y la Casa de las Columnas (Lima, Perú) (‘Programas’, OCPM, s.f.).

Otra red internacional de importancia es el Comité Internacional de Ciudades y Poblaciones Históricas (CIVVIH) creado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1982. Se diferencia de la anterior por admitir cualquier asentamiento urbano histórico incluido en la Carta de Washington. La entidad destaca por su labor de difusión a través de seminarios, simposios y publicaciones, así como colaboraciones con otras entidades, como el Fondo de Patrimonio Mundial, la Unión Europea, el Fondo Mundial de Monumentos o la ya citada OCPM (CIVVIH, 2010, 2011, 2016). Aunque la organización muestra una tendencia hacia actuaciones europeas, existen iniciativas latinoamericanas, como los cursos de formación realizados en Puerto Príncipe (Haití), La Habana (Cuba) y Río de Janeiro (Brasil). También se han realizado peritajes para expedientes de nominación de ciudades en el listado de Patrimonio Mundial, como Ciudad de Panamá (Panamá), en colaboración con el Fondo de Patrimonio Mundial; y La Plata (Argentina), Sagua La Grande (Cuba) y Oranjestad (Aruba), con el Fondo Mundial de Monumentos.

Por su parte, la Organización Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de Centros Históricos (OLACCHI) se centra exclusivamente en el patrimonio urbano de la región. Creada el año 2005, en un principio contó con las ciudades históricas de Ecuador, Honduras, Uruguay y Guatemala, a los que posteriormente se fueron sumando otros países (Carrión, 2007). La institución incluye entre sus objetivos estructuras urbanas reconocidas como testimonios históricos y busca la colaboración entre los gobiernos locales por medio de la cooperación técnica. Para ello, en sus inicios se elaboraron eventos periódicos, cursos de formación y talleres de capacitación, así como una ingente producción de conocimiento científico y académico en el ámbito de los centros históricos latinoamericanos (Carrión, 2007). No obstante, desde los primeros años del decenio 2010, la actividad de la institución ha ido decayendo, hasta ser prácticamente inexistente en la actualidad.

En el marco de la cooperación horizontal realizada en los centros históricos, el análisis de fuentes documentales también ha identificado varias redes nacionales internas. Estas asociaciones coinciden en mantener un fluido intercambio de experiencias y una ardua labor de promoción y difusión conjunta. Entre las más representativas se encuentran la Red de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, creada en el año 1996 y conformada por las once ciudades mexicanas declaradas en esa categoría; la Red de Ciudades Patrimonio Mundial del Perú, fundada en el año 2013 con la participación de la cooperación española; o la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, desde 2011, y que incluye centros históricos con declaratorias nacionales. Todas ellas apoyan la conservación urbana y la puesta en valor del patrimonio (AECID, 2015b).

Finalmente, en el ámbito de la cooperación horizontal se pueden incluir otras experiencias, como los hermanamientos y las redes académicas o de investigación. Las primeras son de difícil localización, ya que parten de múltiples ámbitos de actuación compartidos que no tienen por qué ser exclusivamente culturales o patrimoniales. Sin embargo, es interesante reseñar la propuesta que, desde la Unión Europea y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se planteó para realizar hermanamientos entre ciudades europeas y latinoamericanas que llevan el mismo nombre. Muchas de estas comparten igualmente un alto interés patrimonial e incluso declaratorias de la UNESCO, tal y como es el caso de Cuenca (España y Ecuador), lo que sugiere una colaboración en este ámbito (FEMP, 2013).

Por su parte, existen diferentes redes universitarias vinculadas a los centros históricos que profundizan la labor entre la gestión técnica y académica. Entre ellos se encuentran la Cátedra UNESCO Patrimonio Urbano, Restauración y Hábitat (Universidad de Valladolid, España) y la Cátedra UNESCO Conservación de los Bienes Culturales (Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología [CENCREM], Cuba). Otra red de interés, pero no activa actualmente, sería la Cátedra UNESCO en gestión del patrimonio cultural integrado a la planificación urbana en América Latina (iniciada el año 2000 en la Universidad Federal de Pernambuco) (Luque & Smith, 2007).

Cooperación vertical multilateral

La cooperación vertical realizada en los centros históricos latinoamericanos ha experimentado un significativo cambio tanto en los organismos como en los proyectos, superando un enfoque que durante el siglo XX resultó excesivamente monumental e institucional (Carrión, 2007). Esta evolución ha supuesto un aperturismo e inclusión de iniciativas más transversales en los que la conservación urbana se vincula con otros ámbitos.

En el nivel internacional, se sitúa de manera preferente la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Sus formas de intervención, financiación y asistencia han sido y son amplias, destacando en el ámbito el papel que desempeña el Centro y Fondo de Patrimonio Mundial, institución cuyos recursos son destinados exclusivamente a labores de conservación y gestión patrimonial (UNESCO, 1972). También participa con otros órganos especializados de la ONU, como el ICOMOS o la Organización Mundial del Turismo (OMT), con programas como el PNUD, otras agencias regionales o nacionales de cooperación o con entidades privadas (‘Partnerships’, UNESCO, s.f.).

Aunque conformado en los años setenta, el Fondo de Patrimonio Mundial tiene sus orígenes en el Fund Trust creado para las misiones de Asuán (1960) y Florencia y Venecia (1966) y enfocado a una cooperación eminentemente técnica, basada en la capacitación y dotación de equipos físicos y humanos, así como en la elaboración de informes y actividades de difusión. La accesibilidad y distribución de los recursos de los que dispone el Fondo se establece por medio de determinados criterios y prioridades, en los que priman los países y lugares más vulnerables (‘International assistance’, UNESCO, s.f.). En la actualidad, el presupuesto anual se aproxima a los tres millones de dólares destinados a tres categorías: asistencia en emergencias, asistencia en cooperación y gestión, y asistencia en preparación (‘International assistance’, UNESCO, s.f.).

Desde el año 1978 y hasta el 2020, aproximadamente se han realizado más de 2.058 proyectos, con una inversión total de más de 43.000 millones de dólares (‘Statistics’, UNESCO, s.f.). El desarrollo del fondo muestra un incremento continuado de iniciativas hasta Suárez, con un pico de 147 acciones anuales. A partir de esa fecha se aprecia una caída, principalmente desde el año 2004 hasta la actualidad. Por otra parte, del total de proyectos realizados, el 54,2%, es decir, 1.158, se encuentran vinculados al patrimonio cultural: 798 son acciones de gestión, 232 de promoción y 128 para situaciones de emergencia (‘Statistics’, UNESCO, s.f.).

En este compendio, y analizando los datos disponibles, Latinoamérica representa el segundo puesto, con 461 iniciativas (22% del total), en las que sobresalen ligeramente las de índole cultural, con 239 intervenciones (54%). La inversión realizada se aproxima a los 5.000 millones de dólares, destacando las vinculadas a la asistencia en gestión, a las que siguen las acciones de capacitación e investigación, la cooperación técnica y, en último lugar, las de promoción y divulgación (‘Statistics’, UNESCO, s.f.). Respecto de la clasificación por países, Ecuador, Brasil, Colombia, Guatemala y Cuba representan los mayores porcentajes de proyectos en el ámbito del patrimonio cultural. De la misma manera, se ha podido verificar la intervención del Fondo en los centros históricos de, al menos, once países latinoamericanos: Olinda, Ouro Preto y Salvador de Bahía (Brasil); Mompox y Cartagena de Indias (Colombia); Lima y Cusco (Perú); La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba (Cuba); Quito (Ecuador); Potosí (Bolivia); León (Honduras); Puebla (México); Colonia de Sacramento (Uruguay); Santo Domingo (República Dominicana); Antigua (Guatemala) y Portobelo (Panamá) (‘Statistics’, UNESCO, s.f.).

En lo que a intervención monumental se refiere, destacan la consolidación y restauración de la Catedral de Arequipa (2001), con un presupuesto de 75.000 dólares; y los muros de la Albarrada de Mompox (2011), con un monto de 72.000 dólares. También son destacables las intervenciones realizadas en el Teatro Sucre de Quito (1996), con un presupuesto de 70.000 dólares, el convento de San Pedro Claver en Cartagena de Indias (1999), el convento de Santa Clara de La Habana (1999-2000), el convento de San Francisco de Lima (1995) y la iglesia de la Compañía de Quito (1995). Por último, la intervención de la Plaza Vieja de La Habana, entre los años 1985 y 1993, ha sido la realizada con mayor presupuesto, por un valor de 90.000 dólares (‘International Assistance’, UNESCO, s.f.).

El Centro de Patrimonio Mundial mantiene acuerdos bilaterales de cooperación con una alta diversidad de socios. En la región latinoamericana destaca el Netherlands Funds in Trust, con su asistencia técnica en el patrimonio cultural caribeño; y los estudios de caso realizados en Cuenca, Quito, Puebla, Lima y Antigua (Guatemala) (‘Patnerships’, UNESCO, s.f.). El otro gran aliado es Francia, que desde el año 1997 realiza un programa de protección monumental traducido en más de cien iniciativas técnicas en cincuenta países de la región, destacando proyectos arqueológicos, coloniales y republicanos en ciudades como Potosí, Manizales y Coro, así como numerosas acciones de capacitación en el área andina (‘Partnerships’, UNESCO, s.f.).

El PNUD, creado en 1965, tiene presencia mundial y cuenta con varios centros regionales. Uno de ellos se ubica en América Latina e incluye la coordinación de 26 oficinas que aglutinan a 42 países de la región. Desde 1990 elabora el Informe sobre Desarrollo Humano y, además, en los últimos años, articula los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el ámbito del patrimonio cultural, la entidad planteó un ambicioso programa denominado Proyecto Regional Patrimonio Cultural, Urbano-Ambiental para América Latina y el Caribe (RLA) (Muntal, 1995). Con carácter descentralizado y técnico, y basado en la relación entre patrimonio, desarrollo y sostenibilidad, tuvo su sede en Lima y se desarrolló entre 1976 y 1995. Sus principales líneas de actuación eran la conservación del patrimonio cultural urbano, la capacitación de recursos humanos vinculados, la creación de una red de centros de conservación del patrimonio mueble y la imbricación del patrimonio cultural y natural. El RLA comenzó con los seis países de la región andina y se fue ampliando posteriormente, hasta integrar en la práctica totalidad de los países latinoamericanos. El PNUD contribuyó con 17 millones de dólares, ocho de los cuales fueron destinados a la creación del programa y los nueve restantes, directamente a los países intervinientes.

Otros organismos públicos y privados, como la Fundación Getty o el BID, llegaron a aportar una cuantía aproximada de 1,2 millones de dólares (Muntal, 1995). Según este autor, la financiación marcó un referente en la cooperación cultural latinoamericana. El programa se inició a partir de diferentes consultorías y capacitaciones en Cusco (1975-1981) y su éxito motivó su réplica a Quito, México D.F. y La Habana; y, posteriormente, a Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Bogotá o Tucumán, entre otras ciudades. Además de esta labor, se concedieron becas educativas, se realizaron coloquios de expertos en conservación urbana y se monitoreó y asesoró diferentes espacios y lugares declarados centros históricos por la UNESCO, en colaboración con el Centro de Patrimonio Mundial (Muntal, 1995).

Aparte de este programa técnico, el PNUD ha participado de manera financiera en otros programas transversales relacionados con los centros históricos. Así, en el elaborado para La Habana (19952005), el ente destinó más de 6 millones de dólares para el fortalecimiento económico y cultural de la ciudad, incluyendo dotación habitacional, sanitaria, educativa y turística. También en Cuba, el proyecto desarrollado en Santiago de Cuba (2012) se centró en la recuperación de las viviendas afectadas por el huracán Sandy, incluyendo cualquier tipología patrimonial que estuviera afectada (‘Qué hacemos’, PNUD, s.f.).

Al mismo nivel internacional se encuentran otros proyectos europeos con una notable incidencia en los centros históricos latinoamericanos. La mayoría de ellos realiza cooperación técnica, pero es posible encontrar ejemplos de cooperación financiera, especialmente en el ámbito internacional bilateral. En el multilateral, el programa de desarrollo urbano en América Latina (URB-AL) es una de las iniciativas descentralizadas de la Unión Europea con mayor incidencia en las ciudades de la región. Iniciado el año 1995, y distribuido en tres fases hasta el año 2013, partió de la conformación de redes temáticas y la divulgación e intercambio de experiencias dentro de cada una de ellas. La Red Temática 2 se denomina “Conservación de los contextos históricos urbanos” y se centra en la colaboración europea y latinoamericana para la planificación y gestión de estos espacios. Además, el programa propugna la concepción de valor patrimonial grupal y colectivo frente a la intervención aislada de monumentos, resignificando los entornos de estos. Desde esta área temática y a lo largo de sus diferentes etapas, el programa ha realizado 14 proyectos relacionados con la habitabilidad, la movilidad, el medioambiente y el empleo en ciudades como Buenos Aires, Caxias do Sul, Valparaíso, San Salvador, Querétaro, Hidalgo o Estrada do Imigrante, entre otras. También destaca su intervención en ciudades históricas con reconocimiento internacional, como Coro, Mompox, Quito, La Habana, Quetzaltenango, Huamanga o Granada (Luque & Smith, 2007).

Cooperación vertical bilateral

Con muchas similitudes al anterior se encuentra el “Sitio Internacional sobre la revitalización de centros históricos de América Latina y el Caribe” (SIRCHAL), creado en 1998, también descentralizado, pero con un peso importante de la cooperación francesa. De hecho, surgió de la cooperación del gobierno francés con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos, entre otros actores (SIRCHAL, s.f.). Sus ejes de intervención se despliegan en seminarios, talleres, publicaciones y otros proyectos de divulgación vinculados con las ciudades latinoamericanas, actividades a las que el programa intenta trasladar experiencias anteriores francesas y europeas (BID, 2001). Al igual que la anterior iniciativa, este programa también persigue dejar atrás una concepción monumentalista del patrimonio cultural inmueble y aplicar conceptos más amplios, dirigidos hacia la revitalización integral de los centros históricos. Una de sus diferencias respecto de otras acciones es que SIRCHAL se dirige fundamentalmente a responsables de proyectos de rehabilitación y no tanto a gestores públicos (Orellana, 2000). Algunas de las ciudades en las que se han celebrado encuentros y experiencias son Quito, Santiago de Chile, Valparaíso, Salvador de Bahía, Barranquilla o Santo Domingo. También se han realizado talleres de revitalización urbana en los centros históricos de São Luís de Maranhão, Asunción, Cartagena de Indias, Lima o Ciudad Bolívar, e incluso la rehabilitación de la antigua aduana de San José de Costa Rica (SIRCHAL, s.f.)

Siguiendo este tipo de actuación se encuentra el programa de patrimonio cultural de la cooperación española (AECID, 2015a), con un papel destacado en los centros históricos de América Latina. La iniciativa, basada en los lazos históricos compartidos y un sentimiento de iberoamericanidad (AECID, 2015c), tiene sus raíces en diferentes instituciones, como el Instituto de Cultura Hispánica (ICH) y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), que además de ejercer una diplomacia cultural entre España y la región, ha realizado alguna incursión en materia de rehabilitación patrimonial, como la quiteña Casa de Benalcázar en 1967 (AECID, 2018). A partir de la constitución de la AECID en 1988, las iniciativas se integran dentro de la agencia de cooperación, convirtiéndose en uno de sus programas más longevos y emblemáticos. En sus cuatro etapas, se ha ampliado el escenario geográfico y el tipo de patrimonio objeto de intervención. Su vinculación con los centros históricos se vio reforzada el año 1992 con motivo de la coincidencia del V Centenario de la llegada de españoles a América y la crítica situación que atravesaban algunas urbes latinas (Quinto Centenario, 1990). A partir de esa fecha también se introdujeron las Escuelas Taller como línea de actuación y comenzaron a realizarse los Planes de Revitalización, con Tlacotalpan (México) en 1994 como la ciudad precursora de tales intervenciones.

En su más de treinta años de existencia, América Latina ha representado más del 80% de los proyectos totales, destacando Perú con un 13%, seguido de Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, con un 6% en cada caso. Atendiendo a las iniciativas en el ámbito urbano, de acuerdo con el análisis documental realizado, el programa ha intervenido en más de treinta Planes de Revitalización de Centros Históricos, nueve Planes de Paisajes Culturales Urbanos, que tienen vinculados más de cincuenta proyectos piloto (AECID, 2018). Estos últimos son intervenciones en edificios y espacios patrimoniales, como el Colegio de la Antigua Compañía de Jesús en Antigua (Guatemala), el Templo de la Merced en Potosí (Bolivia) o la plaza de La Merced en Comayagua (Honduras), el antiguo Hotel Globo de João Pessoa (Brasil), la iglesia de la Compañía de Jesús y el convento de Santa Catalina de Arequipa (Perú), entre otros (AECI, 2002). Con el mismo enfoque, pero sin vinculación a ningún plan, se encuentran las restauraciones de monumentos, contabilizándose hasta 43 proyectos, especialmente de índole religiosa, entre los que destacan el convento e iglesia de San Francisco de Quito (Ecuador), la iglesia y convento de La Merced de Cusco (Perú) o el convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias (Colombia). Otras restauraciones civiles de esta línea de actuación son el Centro Cultural de España en México D.F., el Museo Naval del Caribe de Cartagena de Indias (Colombia), el Teatro Nacional de San José (Costa Rica) o la Quinta de Presa y la Casona de San Marcos en Lima (Perú). Finalmente, con más de un 36% de la inversión total del programa, se han promovido, de acuerdo con Menchero (2019), más de 266 Escuelas Taller en 67 ciudades pertenecientes a 24 países latinoamericanos, destacando la alta concentración de estas en Nicaragua, Guatemala, Colombia, Perú y la ciudad de Quito, que llegó a contar con dos de ellas. Además del objetivo educativo basado en la metodología “aprender haciendo”, las Escuelas Taller, a través de su sistema de prácticas laborales, han participado en la intervención total o parcial de 249 edificios (AECID, 2015b).

Otra cooperación vertical: bancos de desarrollo

Los bancos de desarrollo se establecen como los socios financieros necesarios en los programas citados con anterioridad. A nivel internacional, el Banco Mundial (BM), creado en 1944, ha diseñado una línea de actuación vinculada con el desarrollo urbano, encaminada hacia la construcción de ciudades más habitables, competitivas y sostenibles social y económicamente (‘Desarrollo urbano’, BM, s.f.). Dentro de ella se realizan proyectos urbanísticos, habitacionales, de infraestructuras y servicios o de gobernanza y gestión de riesgos. Con una media de 1,47 millones de dólares, la mayor parte de las iniciativas desarrolladas no ha tenido relación con los centros históricos ni con su patrimonio cultural. Así, de los cinco proyectos vinculados con América Latina en el ámbito urbano, solamente se puede reseñar que ha sido realizado en el norte de la isla de Haití. Con un presupuesto de 45 millones de dólares y un plazo entre 2014 y 2020, el proyecto se centra en el apoyo al sector turístico y la preservación del patrimonio de espacios como la fortaleza de Laferrière (‘Datos’, BM, s.f.).

No ocurre lo mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considerado la principal fuente de financiación multilateral de la región. Desde sus inicios en 1959, y especialmente en las décadas de 1970 y 1990, el organismo ha realizado un trabajo sostenido de apoyo al patrimonio cultural urbano a través de créditos no reembolsables (Cuenin & Silva, 2010; Rojas & Moura, 1999). Esta vinculación viene determinada por la influencia de las normativas de la época y la búsqueda de instrumentalización del patrimonio cultural urbano como factor de desarrollo socioeconómico (Altés, 2006; Gutman, 2001). Para ello, se han establecido criterios de selección en los que se priorizan las iniciativas que busquen la sostenibilidad y autogestión, que garanticen fuentes alternativas de financiación y el apoyo de las comunidades destinatarias (Rojas & Moura, 1999).

En los últimos diez años, entre 2010 y 2020, el BID ha invertido más de 630 millones de dólares en centros históricos, de los cuales hasta 136 millones han sido destinados a la rehabilitación del patrimonio urbano, siendo la segunda partida más numerosa. En el análisis de proyectos sobresalen iniciativas vinculadas con Brasil, con 45 millones de dólares; Argentina, con 25 millones; Perú, Panamá y Ecuador con presupuestos de 72, 43 y 41 millones, respectivamente (BID, s.f.). Respecto al número, destaca nuevamente Brasil, junto a Perú, Guatemala y Uruguay, con la concentración de proyectos en los centros históricos de Cusco, Quito, Montevideo, Ouro Preto y Santo Domingo.

El BID también ha desarrollado proyectos emblemáticos con énfasis en el patrimonio cultural urbano. En primer lugar, destaca su apoyo a las primeras etapas del Plan de Desarrollo Turístico Integral (Plan COPESCO), en Perú, cuyo inicio data del año 1969 y que contó con la colaboración de la UNESCO y el PNUD (BID, 2001). Aunque en la actualidad la iniciativa se ha integrado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sigue propugnando los mismos objetivos fundacionales: ejecutar y supervisar proyectos de interés turístico y de puesta en valor del patrimonio cultural y natural peruano (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú, 2021). En sus inicios, este proyecto se centró en la preservación del patrimonio cultural urbano de la ciudad de Cusco, con la intención de generar calidad de vida para su población (BID, 2001). Varias de sus partidas presupuestarias se destinaron a la restauración y preservación monumental, incluyendo su patrimonio mueble respectivo y el acondicionamiento para la visita turística. Solamente en el centro histórico se intervinieron hasta 27 monumentos, arqueológicos y coloniales, como el Palacio del Almirante o el Seminario de San Antonio Abad (BID, 2001).

Otro proyecto emblemático del BID fue el desarrollado en el centro histórico de Quito, en 1994, diseñado para paliar la degradación urbana que esta ciudad presentaba. La iniciativa fue financiada parcialmente por el BID, con el apoyo de otros actores como UNESCO, PNUD, el Fondo de Patrimonio Mundial, y socios bilaterales como España o Bélgica. La institución aportó 51 millones de dólares, de los cuales 36 se destinaron a obras públicas vinculadas con las infraestructuras urbanas o la dotación de servicios culturales. Los 15 millones restantes se destinaron al sector privado, especialmente para la rehabilitación de centros comerciales y viviendas, lo que supuso la intervención directa en el caserío colonial (BID, s.f.). Finalmente, el tercer gran proyecto patrimonial del BID, también con apoyo de UNESCO, es el programa Monumenta, realizado en Brasil a partir de 1999 y que supone la recuperación urbana y la preservación del patrimonio de 26 centros históricos (De Oliveira, 2015). El contrato con el BID se mantuvo hasta el año 2010, destacando las intervenciones en ciudades como Recife y Ouro Preto, de revitalización de espacios públicos y edificios patrimoniales para ser reconvertidos en polos de ocio y turismo (BID, 2001).

Otros programas de alcance menor o parcial fueron realizados en Uruguay, República Dominicana y Honduras. El primero, denominado Plan Fénix (1998-2005), se centró en el degradado barrio ferroviario de La Aguada, en Montevideo, buscando la recuperación de la estación como nodo cultural y comercial. Por su parte, la ciudad de Santo Domingo (1999, 2001) solicitó asistencia técnica al organismo para implementar mecanismos de gestión del centro histórico, incluyendo el ámbito turístico. Finalmente, el proyecto piloto integral de rehabilitación del centro histórico de Tegucigalpa (1998) incluyó la rehabilitación patrimonial de edificios como la Galería Nacional de Arte, entre otros ámbitos comerciales y recreativos del entorno histórico (BID, s.f.).

Financiación privada internacional

Las fundaciones no forman parte del sistema de cooperación internacional en sentido estricto, pero algunas de ellas han desempeñado un importante papel en la conservación del patrimonio cultural latinoamericano, apoyando algunos de los proyectos y programas mencionados con anterioridad. Aunque puedan existir otras, destacan en este ámbito el Fondo Mundial de Monumentos (World Monuments Fund) y la Fundación Getty (The Getty Foundation). Esta última puede considerarse como una de las organizaciones que más recursos ha dedicado a la rehabilitación monumental en la región, junto a la AECID y el BID (Carrión, 2007).

Por su parte, el Fondo Mundial de Monumentos (WMF, por sus siglas en inglés) se constituyó como una asociación privada fundada en 1965, con el objetivo de combatir la destrucción del patrimonio cultural mundial a partir de la Construcción de la Presa de Asuán (1963) o las inundaciones de Florencia y Venecia (1966). Así, centró sus primeras acciones en las iglesias de Lalibela, los moáis de la isla de Pascua y en la Torre de Pisa (‘Annual report’, WMF, 2014). A partir de estas premisas, la institución destina el 80% de sus proyectos a la investigación, promoción y programas de educación y divulgación en el ámbito patrimonial (‘Who we are’, WMF, s.f.). Su asistencia puede ser técnica y financiera, ya que obtiene sus fondos de socios públicos o privados, especialmente estadounidenses.

Hasta 2020, el WMF ha realizado más de 1.149 proyectos a nivel mundial, de los cuales el 68% están vinculados a la conservación monumental. Lo anterior supone que las actuaciones latinoamericanas por parte de la institución puedan estar asociadas o no a los centros históricos. Asimismo, en el ámbito urbano se ha constatado un total de 202 proyectos, tanto coloniales como republicanos, como los Elevadores de Valparaíso (Chile), el Teatro Bolívar de Quito (Ecuador), la Peña de Guayaquil (Ecuador) o la Quinta de Presa de Lima (Perú), entre otros.

Desde 1996, el WMF elabora el informe conocido como World Monuments Watch, que incluye espacios patrimoniales amenazados, para motivar la movilización de recursos hacia ellos. En poco más de veinte años ha conseguido generar más de 240 millones de dólares, integrando más de 740 lugares, de los cuales 202 son latinoamericanos. Entre ellos destacan México con 55 bienes inscritos, Perú con 44, Chile con 16, Brasil con 13 y Argentina con 11; no están contemplados inmuebles pertenecientes a Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Uruguay. Atendiendo a su tipología, destacan edificios republicanos o contemporáneos en el Cono Sur, Panamá y Venezuela, o arqueológicos en Perú, Guatemala y México. Respecto de los incluidos en centros urbanos coloniales, se han encontrado referencias en Buenos Aires, Olinda, Salvador de Bahía, Ouro Preto, Cartagena de Indias, La Habana, Quito, Cuenca, Suchitoto, Antigua, Jacmel, Guerrero, Cusco, Ciudad de México, Colón, Lima, Trujillo, entre otros (‘Explore’, WMF, s.f.).

Para concluir, la Fundación Getty también ha desarrollado proyectos vinculados con la intervención de edificios patrimoniales y centros históricos. Creada en el año 1984, es una fundación privada que presta asistencia técnica y financiera en el ámbito cultural y artístico, incluyendo archivos, museos o monumentos. En su trayectoria, hasta 2020 ha desarrollado más de 7.000 iniciativas en más de 180 países, con un presupuesto de 384 millones de dólares (‘About...’, Getty Foundation, s.f.). Entre las líneas de actuación destacan pasantías, publicaciones, dotación de recursos para catalogación y programas vinculados con la arquitectura y los museos.

La institución ha apoyado más de 500 proyectos vinculados con el patrimonio cultural urbano, con un presupuesto aproximado de 35 millones de dólares. En el escenario latinoamericano cuenta con 29 proyectos, un 6% del total mundial. Sobresale Perú, con once iniciativas, seguido de Argentina, Chile y Ecuador, con cuatro proyectos, respectivamente. Por el contrario, en Brasil, Colombia y Cuba no se ha realizado ninguna intervención. La mayor parte de los proyectos mencionados corresponde a edificios religiosos, sobresaliendo el convento de Nuestra Señora de la Merced (Quito), con una inversión de 175.000 dólares. Además de este, son reseñables actuaciones como la Casa de Chaguarchimbana en Cuenca (Ecuador), con 106.500 dólares; la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria (Chile), la iglesia de La Compañía de Jesús en Ayacucho (Perú), y la Casa Riva Agüero y el convento de San Agustín en Lima (Perú), todas estas por debajo de los 100.000 dólares. Finalmente, intervenciones como la capilla de San Cristóbal de Rapa, la iglesia de Santa María de Cuevas y la catedral de Santiago de Chile, todas ubicadas en este país, han contado con inversiones por encima de los 50.000 dólares (‘Search our online...’, Getty Foundation, s.f.)

Conclusiones

El patrimonio cultural apenas supone el 10% del total de la cooperación cultural. A su vez, solo representa, en el mejor de los casos, del 0,35% al 0,75% del total de la cooperación internacional (Alonso et al., 2004). Estos datos constituyen únicamente una aproximación generalista, dada la escasez de estudios y fuentes que registran este tipo de cooperación. En el análisis de las diferentes instituciones y programas que ha sido planteado a lo largo de estas páginas, se ha podido apreciar cómo, por su magnitud e importancia, la cooperación internacional –que, mayormente, ha venido dada por instituciones multilaterales y bilaterales– ha desempeñado un papel protagonista en el patrimonio cultural urbano latinoamericano.

Por otra parte, la consideración de monumento y de centro histórico en Latinoamérica se ha visto reforzada por las acciones de la cooperación internacional. En algunas ocasiones, estos llamamientos han coincidido con una serie de desastres naturales, pero generalmente han estado vinculados a la recuperación del tejido urbano, socioeconómico y cultural. Además, este énfasis en la rehabilitación monumental ha tenido como resultado una focalización en el patrimonio religioso, como se ha podido comprobar en multitud de los edificios intervenidos citados.

Las intervenciones obtenidas de diferentes bases de datos corroboran, por ende, el interés por atender acciones de emergencia en inmuebles de alto valor patrimonial, muchos de los cuales pueden ser considerados iconos patrimoniales (y turísticos). De igual forma, se verifica una concentración de la ayuda internacional en centros históricos reconocidos internacionalmente, como son los casos de Antigua, Cartagena de Indias, Cuenca, Cusco, La Habana, Lima, Olinda, Ouro Preto, Panamá, Quito, Salvador de Bahía, Santo Domingo, Potosí o Sucre, entre otras. Es este un fenómeno que, sensu contrario, contrasta con el reducido número de intervenciones en centros históricos o entidades urbanas históricas menores.

Del análisis de iniciativas propuesto se desprende, además, de qué modo una cooperación en apariencia unida, en esencia se encuentra dispersa, tal y como sucede, especialmente, en el caso de la cooperación técnica, por la cual instituciones como la OCPM, el CIVVIH o el SIRCHAL realizan iniciativas y proyectos que en muchas ocasiones son de una gran similitud. En otros casos, como la OLACCHI, surgida como una reafirmación latinoamericana, se ha presentado una continuidad irregular. En todo caso, la cooperación técnica sigue revistiendo una gran utilidad, ya que es clave en la captación de fondos públicos y la renovación de enfoques y paradigmas.

Por otra parte, algunas instituciones presentan una cierta homogeneidad, como es el caso del BID y AECID, siendo, curiosamente, las entidades que más han contribuido financieramente al desarrollo y fortalecimiento de los centros históricos latinoamericanos. Ambas instituciones consideran al patrimonio cultural urbano como un instrumento de desarrollo socioeconómico y un catalizador de dichos centros. También presentan estrategias concretas similares, con presupuestos específicos para la revitalización de áreas históricas y una intervención específica para edificios y espacios públicos. Finalmente, tanto el BID como la AECID presentan una tendencia progresiva a la reducción de proyectos individuales, y la inclusión del patrimonio inmaterial, la comunidad y los actores privados dentro de sus nuevos alcances.

Pese a todo, para algunos autores el rol estratégico del patrimonio cultural aún no ha sido totalmente aprovechado, ya que la mayor parte de los proyectos siguen sin aprovechar su transversalidad, especialmente a la hora de establecer posibles relaciones con otros ámbitos, como el turismo (García-Espinosa, 2008). Asimismo, de este trabajo se desprenden futuras líneas de investigación que, más allá de una aproximación descriptiva, aborden los efectos o consecuencias de estas actuaciones por parte de la cooperación internacional, así como la injerencia que ellas tienen en las políticas públicas locales de cada centro histórico.

Por último, este artículo ha intentado clarificar el papel de las iniciativas examinadas, así como ponerlas en valor e integrarlas en un análisis académico e investigativo que vaya más allá de su inclusión en bases de datos e informes institucionales.

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